El pasado 17 de agosto del 2010, leía un interesante artículo en la página digital del País titulado  ¿Culpa del parado o de la oficina de empleo? que recomiendo leer para que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones.

Yo voy a proceder a comentar mis conclusiones y he de decir que coincido bastante con lo que se dice en el artículo. Como ya he comentado en otras ocasiones, los servicios públicos de empleo de cada Comunidad Autónoma, como servicio de intermediación entre los demandantes de empleo y los empleadores, son un porcentaje ínfimo en comparación a lo que debería ser en comparación con otros países de la Unión Europea.

Cada día se están intentando mejorar los servicios públicos de empleo, sin embargo, a día de hoy, siguen sin funcionar adecuadamente y sin estar a la cabeza en el contacto efectivo entre la demanda y la oferta de trabajo.

Como queda patente, se debe primar la calidad y no la cantidad en la atención al usuario porque, como se indica en el artículo, en Francia, con una situación similar a España, cada técnico del servicio de empleo atiende a 12 demandantes y se responsabiliza de ellos de forma real y hasta que no se colocan no se encargan de nuevos demandantes de empleo. En España, por el contrario, cada empleado de una oficina de empleo atiende de media a 250 parados por lo que la atención personalizada, el seguimiento y la ayuda efectiva es una quimera imposible de alcanzar. Es cierto que se han reforzado las plantillas de los servicios públicos de empleo aunque están lejos de la media Europea porque en España hay un trabajador en las oficinas de empleo por cada 189 desempleados y en la UE, uno cada 50. Se deben maximizar los recursos buscando al máximo la eficiencia y la eficacia. También es cierto que el nivel de paro en este país no es comparable a Francia.

Otra carencia vital es la escasa dedicación del personal de las oficinas de los servicios públicos de empleo a la atención, seguimiento, visita y comunicación constante con las empresas para ver sus necesidades y poder adaptarse a ellas para gestionarles sus ofertas de empleo de forma efectiva. Es decir los servicios públicos de empleo y las empresas deben tener un contacto constante donde prime la comunicación, la complicidad y la confianza mutua.

Lo que es evidente igualmente es que los demandantes de trabajo con perfil alto rara vez reciben una oferta de trabajo acorde a lo que buscan porque las empresas no confían en los servicios públicos de empleo para que les ayuden a gestionar sus ofertas de empleo porque su escasa efectividad, lentitud, excesiva burocracia y debido a las malas experiencias anteriores.

Está claro que ambas partes tienen su parte de culpa, sin embargo, no podemos negar la de que la mayor responsabilidad es del sistema y de los encargados de marcar las reglas del mismo, que es evidente que no funcionan y se deben modificar para que los servicios públicos de empleo presten la asistencia que se espera de ellos para ayudar de manera efectiva a encontrar trabajo y trabajadores a sus dos principales usuarios.

Además, también es cierto que se debe de controlar mucho más a los demandantes de empleo que están en modo pasivo, sin buscar para nada trabajo ni aprovechar los recursos existentes. Sin embargo, se debe ir con pies de plomo para evitar que paguen justos con pecadores. Los demandantes de empleo deben aceptar las ofertas de trabajo adecuadas a sus perfiles profesionales, siempre y cuando las condiciones ofrecidas sean dignas y no abusivas, como pasa en algunas ocasiones, donde los servicios públicos de empleo también deberían poder sancionar a las empresas que ofrecen condiciones indignas y por debajo de las cotas consideradas normales.

Ahora, con la reforma laboral, se acaba de abrir la puerta a las empresas privadas en la intermediación laboral, cosa que se debería de haber producido hace bastante tiempo. Los servicios públicos se están quedando atrás y sus usuarios cada vez son más escépticos respecto a su efectividad y utilidad. Y la principal razón por la que muchos demandantes de empleo están inscritos en los mismos es porque es requisito imprescindible para poder acceder a las prestaciones o subsidios que les corresponden y, en menor medida, por la antigüedad para poder acceder a determinados programas y ayudas de otro tipo.

No podemos decir que la culpa es de los demandantes de empleo, de los empleadores o de los funcionarios que trabajan en los servicios públicos de empleo porque ellos son meros jugadores del sistema que no han puesto las reglas pero tienen que pagar las consecuencias del mismo. Los principales responsables son nuestros gestores públicos, que sabiendo que el sistema no funciona, no hacen nada para cambiar las reglas del “juego de los servicios públicos de empleo”.

Deberán contar con la opinión de los diversos colectivos afectados porque podrán aportar luz a cuales son sus necesidades y carencias actuales para entre todos trabajar por establecer un sistema público de empleo que se ajuste a las necesidades esperadas por todos.